Se llevó a cabo la tercera reunión convocada por vecinos y la Asociación Civil Manzanas Solidarias para tratar el proyecto municipal del traslado de los barrios: Playa Norte y Bajo Judiciales.
En la sede de la Asociación Civil Manzanas Solidarias, sita en Berutti 661 de la ciudad de Santa Fe, Guadalupe, siendo las 10 del sábado 19 de junio se llevó a cabo la tercer reunión convocada por vecinos y Manzanas Solidarias en relación al proyecto municipal de trasladar dos barrios: Playa Norte y Bajo Judiciales.
Se encuentran presentes vecinos de los dos barrios, su asesor legal Italo Ronchi, integrantes de Manzanas Solidarias; los concejales Suárez (UCR/FPS), Leiva (PJ), asesor Ponce de León (Ari), un asesor del Concejal Henn ( FPS), asistente social Andrea Rodríguez, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el Padre Matías Vecino, de la Parroquia de Guadalupe; la enfermera Raquel y el asistente social Juan Picatto del Centro de Salud Setúbal de Playa Norte y la docente Carmen Fernández de la Escuela 21. Están presentes además los alumnos del taller de Internet, de Manzanas Solidarias, quienes se encuentran investigando y trabajando sobre este tema.
Se encuentra también presente Jimena Zumoffen, cuya familia habita y cuida el predio de los Funes desde hace más de 40 años.
Cabe aclarar que vecinos de Esmeralda Este, por un malentendido con el horario, no pudieron estar presentes, a pesar de su gran interés en participar.
Avisó de su ausencia el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Boscarol y aunque se solicitó representación del ejecutivo municipal, actor fundamental en esta situación, nadie asistió. Tampoco estuvieron presentes los Delegados de distrito Sres. Cejas y Jorge Ricco.
La representante de la Defensoría del Pueblo, también avisó de su imposibilidad de asistir, ya que se encontraba por un problema particular en San Javier, así como la Concejal Vanesa Odi del Socialismo
La reunión tenía como objetivo la información y debate en relación a cuatro puntos:
• La Ordenanza aprobada por el Concejo municipal que solicita a la legislatura la expropiación de los terrenos del callejón Funes;
• La Resolución Nº 13.336;
• El proyecto de poner en vigencia la Ley del “ Plan Lote”;
• Las transgresiones evidentes entre la normativa municipal relacionada a construcciones de viviendas y lo que se está construyendo en el nuevo barrio.
Comienza la reunión la presidenta de Manzanas Solidarias, Liliana Berraz, haciendo un resumen de lo sucedido hasta el día de la fecha en las reuniones anteriores, lo cual llevó a que la Municipalidad asumiera fundamentalmente dos compromisos: agilizar el trámite de expropiación a través de una ordenanza y a garantizar condiciones de habitabilidad en el nuevo barrio.
Con respecto al primer punto, los concejales presentes, informan que la ordenanza fue aprobada en el Concejo en este mes de junio y que ahora el trámite seguirá en la legislatura de la provincia. Calculan como mínimo dos años hasta que se pueda hacer efectiva dado que el cuerpo legislativo lo tendrá que debatir y luego se deben realizar muchos trámites y negociaciones con los dueños. El Concejal Leiva, en ese sentido tranquiliza a los vecinos que sienten muchas veces presiones y comentarios de que “el traslado sería inminente” como salió en los medios de difusión.
A continuación el asesor legal Italo Ronchi lee la Resolución 13.336 aprobada el 8 de abril del 2010 por mayoría en el Concejo municipal y que, no habiendo sido vetada por el Intendente, se encuentra en vigencia. Se dialoga sobre los ocho artículos que la conforman y en los cuales quedan explicitadas las condiciones previas a la realización del un futuro traslado: dispensario, destacamento policial, comedor comunitario, servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mejorado de calles, cordón cuneta, desagües pluviales, transporte urbano de pasajeros y lo que se considere necesario para una “correcta y pacífica urbanización”. En el art. 4, se establece que el ejecutivo municipal, deberá hacer los trámites ante las empresas correspondientes para dotar al barrio de gas natural, agua potable y cloacas.
El Concejal Leiva pone énfasis en el artículo 5, que dice que , tal cual se había acordado en la primer reunión, las características de las viviendas se establecerán en una ordenanza especial redactada al efecto de garantizar dignidad y habitabilidad. También resalta que en art. 6, se establece la construcción de una escuela, ya que la Nº 21, a la cual asisten los niños de estos barrios, ahora le quedaría a más de dos km., con caminos de tierra y poco seguros para transitar cuando oscurece.
Relacionado a esta cuestión específica, Carmen Fernández, docente de la Escuela 21, y en ocasiones su vice-directora , aclara que ha venido a la reunión, invitada por Manzanas Solidarias, para enterarse del proyecto de traslado del cual nadie informó a la institución, lo cual considera negativo, ya que por supuesto están también muy involucrados.
En el mismo sentido el asistente social Juan Picatto y la enfermera Raquel del Centro de Salud Setúbal, que se vería afectado por el traslado, comentan que están participando de reuniones con el Minist. de Salud, para elegir un sitio donde se necesite un centro de salud ya que existen fondos para su construcción. Lo que se evidencia a partir de lo sucedido hasta aquí y de lo expresado por los concejales, es el desfasaje de tiempos entre un posible traslado y la construcción más inmediata del centro de salud.
Respecto de lo establecido en el art. 4, la Sra. de Escobar, vecina de Playa Norte, expresa que ninguna empresa y menos la de gas, prestarían servicios en las viviendas que tan precariamente se están construyendo.
Agrega la Sra. Duli Vega de Manzanas Solidarias , que no deberían repetirse los errores que se han cometido en trasaldos de otros barrios como los que se sucedieron después de la inundación del Salado en el 2003 y que a siete años, hoy sufren carencias de todo tipo especialmente de servicios. Pone el ejemplo del barrio 29 de abril, donde a pesar de haberse expropiado los terrenos, una instancia legal de los dueños originales, trabó la legitimidad a sus actuales pobladores.
En el mismo sentido, varios vecinos expresan que no se aceptarán bajar la calidad de sus casas, muchas de ellas construidas durante tantos años con mucho esfuerzo y trabajo personal, usando material y ladrillos en sus paredes y chapas en los techos y con dimensiones acordes a sus necesidades familiares. Que en esas viviendas donde los piensan trasladar no les entra nada, que además son inseguras por donde se las mire: peligrosas para incendiarse y fáciles de robar. Que ningún funcionario los fue a visitar, como para afirmar que las nuevas son mejores que las que están ahora.Que una cosa es pensar en refugios para salir de la emergencia por inundación y otra muy distinta es planificar un barrio para recibir a más de 1000 personas.
Al respecto, el concejal Leiva, aclara que en una reunión mantenida con Boscarol y otros concejales entre ellos A. Obeid y Acuña, el funcionario, acompañado por un arquitecto volvió a defender la calidad de las viviendas-quinchos , aunque aceptó que, por ej. los techos deben ser cambiados cada tres años.
En esa misma reunión, los funcionarios municipales comentaron que varios vecinos están muy entusiasmados con el traslado y que apenas lo hagan, estimularán al resto, los cual es poco considerado por los presentes que conocen a los contados vecinos que han entablado alguna relación más directa con los funcionarios, en especial durante las campañas electorales y que han manifestado conductas de poca solidaridad durante la inundación pasada.Puede ser también que otros vecinos estén convencidos de que ya es un hecho la propiedad de esos lotes.
La vecina Nidia Aranda, expresa que estas movidas y amenazas de traslados las vienen sufriendo desde hace muchos años y nunca pasa nada, por mal proyectadas y por cambios de gestiones de gobierno.
Enzo Valls, de Manzanas Solidarias, agrega que la situación que cuenta la Sra. Aranda pone en descubierto que son varias gestiones y de signo político diferente las que están involucradas, lo cual evidencia a su vez a un Estado ineficaz e ineficiente en la resolución de los problemas que aquejan a los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, cosa de la cual todas las fuerzas políticas presentes deben hacer cargo, por hacer parte, en uno u otro rol, de ese Estado.
A lo cual Liliana Berraz, agrega que eso es muy negativo a la hora de pensar en un futuro, de hacer proyectos de vida, ya que la gente siente inseguridad para mejorar sus viviendas, invertir en ellas y hasta para “plantar un duraznero”, como ha sucedido efectivamente con los que distribuyera el INTA hace unos años.
El Sr. Zabala vecino de Playa Norte afirma que estos tipos de proyectos deben ser consultados primero con los propios vecinos para acordar todas las cuestiones relacionadas y no actuar en forma de atropello. En relación al comentario de las Sra. Aranda, afirma sin embargo que cuanto más tiempo pase, más los beneficia a ellos en cuanto a sus derechos.
La Sra. Aranda, retoma la palabra, comentando experiencias que conoce en otros barrios, de construcción de viviendas en forma cooperativa con la participación y el compromiso de los beneficiados y el asesoramiento de técnicos.
Pasando al tercer punto, se informa a los vecinos y concejales presentes acerca de la noticia aparecida en El Litoral, en la que se informa que el diputado José Tessa, presentará un proyecto de “Los sin techo” de poner en vigencia una ley que fue promulgada en 1985 y que contemplaba la posibilidad de expropiación de terrenos, para entregarlos a quienes lo habitan de hecho. En una primera instancia, según lo que salió en el dairio local, Los Sin Techo pretenden que la ley del Plan Lote vuelva a tener vigencia para estar “amparados legalmente”. Una vez concretado este objetivo, aspiran a que el Estado avance con la expropiación de los terrenos.
Se comenta esta noticia y los concejales presentes se comprometen a comunicarse con el diputado Tessa, para informarse mejor y ver la posibilidad de que los barrios de Playa Norte y Bajo Judiciales puedan estar contemplados en lo que la ley establece, lo cual evitaría el traslado compulsivo y resistido por los vecinos que habitan Playa Norte y Bajo Judiciales desde hace treinta años.
En este sentido, Liliana Berraz argumenta desde un punto de vista económico que pensando en un uso ético de los fondos del Estado, se deberían expropiar los terrenos de Playa Norte y Bajo Judiciales, muy desvalorizados por ser bajos e inundables en estos momentos. Que seguramente son mucho más baratos que los aledaños al callejón Funes y que con la diferencia de dinero se podría entonces rellenar con arena de la adyacente Laguna Setúbal, urbanizar los actuales barrios y reconocer así los derechos de sus habitantes.
Evidentemente el tema pasa por una ideología y por una política del Estado municipal que prioriza otras cuestiones, claramente explicitadas en el plan urbano presentado recientemente por el ejecutivo, donde se dice que esta gestión ya ha puesto en marcha algunas medidas, como trasladar al barrio pobre de Playa Norte, para otorgar a una parte de esas tierras las mismas características que tiene el sector de Guadalupe ya consolidado.
Por último, se conversa acerca de las transgresiones que estaría efectuando la Municipalidad con sus propias normas que regulan la construcción de viviendas, al levantar los quinchos en el nuevo predio, sin tener en cuenta lo establecido en relación a:
1. aislación térmica,
2. aislación acustica,
3. comportamiento higrotérmico,
4. niveles de iluminación y ventilación,
5. aislación ante fuego, etc.
El Concejal Leiva, se compromete a seleccionar dentro de la legislación de construcciones la reglamentación pertinente al tema que preocupa y hacerla conocer en sus detalles.
Manteniendo el propósito de continuar con estas reuniones, así como la necesidad planteada por los vecinos de una mayor participación por parte del resto de los pobladores y agradeciendo la presencia de todos, siendo las 11.30 se da por finalizado el encuentro.
Hace ya mucho tiempo que se viene sosteniendo que frente a una situación de hábitat de alto riesgo la relocalización es la última operación que se debe realizar; y se lleva adelante cuando es la única alternativa que queda para modificar para mejor, las condiciones materiales y simbólicas de vida de las familias involucradas directamente. Este tipo de acciones siempre tienen un alto costo social, que se profundizan cuando se relocalizan asentamientos y/o poblaciones que, como es el caso de las familias de Bajo Judiciales, llevan años habitando y construyendo su vida en ese espacio. Es por esto que todas las organizaciones a nivel internacional plantean y exigen que las relocalizaciones deben ser producto de un trabajo integral y participativo entre los diferentes actores involucrados (familias, instituciones, organizaciones comunitarias, gobierno local) para acordar por qué, cuándo, cómo y hacia dónde realizar el traslado de las viviendas. Este proceso de concertación puede llevar tiempo y debe ser respetado.
"Bosques nativos"...y charlas relacionadas: la sojización, las padecidas inundaciones... 
Mili, feliz
Yoana
Lili 
Entradas
