Desde CANOA – Hábitat Popular queremos expresar nuestro repudio a la política de relocalización que se viene implementando desde el gobierno de la ciudad.
Hace ya mucho tiempo que se viene sosteniendo que frente a una situación de hábitat de alto riesgo la relocalización es la última operación que se debe realizar; y se lleva adelante cuando es la única alternativa que queda para modificar para mejor, las condiciones materiales y simbólicas de vida de las familias involucradas directamente. Este tipo de acciones siempre tienen un alto costo social, que se profundizan cuando se relocalizan asentamientos y/o poblaciones que, como es el caso de las familias de Bajo Judiciales, llevan años habitando y construyendo su vida en ese espacio. Es por esto que todas las organizaciones a nivel internacional plantean y exigen que las relocalizaciones deben ser producto de un trabajo integral y participativo entre los diferentes actores involucrados (familias, instituciones, organizaciones comunitarias, gobierno local) para acordar por qué, cuándo, cómo y hacia dónde realizar el traslado de las viviendas. Este proceso de concertación puede llevar tiempo y debe ser respetado.Este tipo de acciones debe contemplar el derecho que tienen todas las ciudadanas y todos los ciudadanos a vivir en un lugar digno, lo que implica:
- el traslado a un lugar que permita la designación de un lote digno: lugar con nivel de cota no inundable; con acceso a las redes de servicios básicos de agua, transporte y luz; infraestructura vial y cercanía a la infraestructura comunitaria como son la escuela y el centro de salud y en condiciones ambientales aptas.
- el respeto por las redes de trabajo y actividades de subsistencia que llevan adelante las personas afectadas.
- la designación de una vivienda digna y no de una solución habitacional. Una vivienda digna implica considerar: la ubicación en el lote, la orientación de la misma para facilitar la ventilación y la entrada de luz, con una espacialidad y cantidad de ambientes acorde a la cantidad de integrantes de la familia y también en relación a las actividades que desarrollan, las instalaciones básicas de luz y agua y debe construirse con componentes tecnológicos apropiados al tipo y uso de la vivienda
- el respeto a los propios acuerdos consensuados entre los actores y los términos que las normas vigentes establecen. En el caso de Bajo Judiciales no se considera la ordenanza municipal que determina que un lote debe permitir el acceso a las redes de infraestructuras básicas.
Es decir, que considerando los derechos humanos de toda persona, si no se puede evitar el traslado, el Estado debe dar una respuesta que supere las condiciones socioambientales y de habitabilidad de las personas, tratando de no generar nuevos problemas de hábitat en el nuevo lugar.
Planteadas estas premisas básicas de respeto por los derechos humanos no podemos dejar de señalar que este tipo de acciones así llevadas a cabo, responden más a excluir e invisibilizar la vulnerabilidad de muchas familias santafesinas, que a materializar los derechos vulnerados como son la falta de vivienda digna, entre otros.
La premura por realizar el traslado de las familias de Bajo Judiciales pone aún más en duda la supuesta preocupación por la situación habitacional de las familias. Cuando se determina que la relocalización es la última alternativa que se maneja en situaciones de hábitat en riesgo se está hablando, precisamente, de evitar destruir los lazos sociales, comunitarios y de identidad que dan sustento a la vida de los/as habitantes de un barrio.
La homologación de ciudadano con la denominación netamente fiscal de "contribuyente" clienteliza una relación entre Estado y ciudadanos que debe construirse en base a los derechos. Si realmente preocupa las necesidades con que estas familias viven, la búsqueda de soluciones no debería darse mediante políticas que violenten aún más sus derechos.
La ciudad es una construcción social y colectiva que materializa los diferentes intereses que se juegan en un territorio. Lamentablemente en Santa Fe los intereses de privados y sectoriales hablan de relaciones de poder muy desiguales que si bien se viven cotidianamente ante estas situaciones parecieran estallar ante los ojos de toda la comunidad. El acceso inclusivo de todas y todos al DERECHO COLECTIVO DE LA CIUDAD parece así cada vez más difícil de construir.
CANOA - HABITAT POPULAR
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