El día sábado 27 a partir de las 16.30 se llevó a cabo la tercer Asamblea barrial en la sede de Manzanas Solidarias, para tratar el tema del traslado compulsivo de algunas familias de Bajo Judiciales, la actual situación de precariedad en la que viven y el proyecto de seguir con el desalojo a los vecinos que se resistieron y a los de Playa Norte.
Participaron gran cantidad de familias, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, el diputado Antonio Riestra, los concejales Carlos Suárez, Vanesa Oddi, representantes de los concejales Luciano Leiva y Jorge Henn, de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Derechos Humanos, de distintas instituciones y ONG: Escuela Nº 21, Caritas, Parroquia Guadalupe, Canoa, Gritte, Coop. Tecco e integrantes y asesor legal de Manzanas Solidarias.
Fue nuevamente llamativa la ausencia del ejecutivo municipal, secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Social responsables de los atropellos y transgresiones a las normativas, demostradas en el traslado de 18 familias del Bajo Judiciales al nuevo sitio bautizado como “Los quinchitos”.
En la primera parte de la asamblea se hizo una reseña de los distintos proyectos y ordenanzas que desde el 2003 hasta el presente se firmaron en relación a los barrios humildes de Playa Norte y Bajo Judiciales que, si bien muestran diferencias técnicas, todos coinciden en sacar a los pobres que habitan el lugar desde hace más de 25 años.
Se trató luego lo específico a todas las transgresiones llevadas a cabo por el ejecutivo municipal en el traslado mencionado , especialmente a la resolución Nº 13.365 que definía las condiciones básicas que debían precederlo, situación que llevó a la intervención activa de la mayor parte del Concejo municipal para frenar este procedimiento. En este sentido se leyó el pedido de informes al fiscal municipal, presentado por algunos concejales, frente a los incumplimientos de la resolución y a la situación de ilegitimidad en que se colocó a las familias dado que no se inició en concreto el proceso de la expropiación.
Los vecinos expusieron sus reclamos, miedos y aspiraciones a no ser tratados inhumanamente, frente a lo cual el Ministro Farías les afirmó que nadie puede ser desalojado sin orden judicial, que se ocuparía de informar de todo los sucedido al gobernador y de interceder ante el ejecutivo municipal para que no se siga adelante con la re-ubicación, dado que no existen condiciones básicas. Así mismo subrayó que el gobierno provincial no aportaría fondos para este proyecto si no se cumplen las condiciones de expropiación y viviendas dignas.
El diputado Riestra, confirmó que el 4 de noviembre pasado entró un proyecto de ley de expropiación redactado por diputados radicales, que podría ser tratado recién durante el próximo período ordinario de sesiones (desde mayo del 2011), salvo que se lo aborde en sesiones extraordinarias.
Los Concejales comprometidos en la problemática insistirán en lograr una normativa/ordenanza que establezca las características de las “viviendas sociales” en el ejido municipal, así como en mantener la exigencia al ejecutivo municipal para que cumpla las normas y reglamentaciones existentes.
Desde la secretaría de DDHH, Jorge Pedraza reafirmó que un desalojo sólo se puede hacer a través de una acción legal y que si la gente no está de acuerdo en trasladarse, no lo debe hacer, ya que, dado el estado público que tomó la problemática considera improbable un desalojo violento con topadoras.
Las ONG relacionadas al hábitat, dejaron ver claramente la diferencia entre: dar una “solución habitacional” y llevar a cabo un “plan de viviendas”, apuntado lo primero a módulos precarios que nunca llegan a ser viviendas dignas, por falta de cumplimiento en infraestructuras de servicio, títulos de propiedad y ayudas para mejoras, mientras que hablar de un plan de viviendas implica un programa y planificación seria donde se incluyen informes y trabajos técnicos-sociales, además de la necesaria participación de los vecinos.
Los vecinos insistieron además en solucionar con urgencia los problemas que sufren las familias trasladadas por la falta de agua, sanitarios, aislamiento, lejanía a centros de salud y escuela, adonde los alumnos estuvieron faltando durante un mes, según lo expresado por las autoridades presentes de la Escuela Nº 21.
Manzanas Solidarias reafirmó los derechos que les caben a los vecinos por habitar la zona desde hace más de 25 años, y que en proyectos de real inclusión y respeto se deberían expropiar esos terrenos, alteando y urbanizando para mejorar las actuales condiciones. Que no se debe naturalizar el falso enunciado de que estos vecinos viven en un reservorio, al cual hay que preservar, dado que el plan de ordenamiento urbano provee hacer allí construcciones de alto valor inmobiliario y un sistema de caletas náuticas, adonde los pobres molestan.
Siendo las 20 hs. culmina esta asamblea, considerándosela por su funcionamiento y participación de diferentes actores, el ámbito legitimado para abordar la problemática, insistiendo los vecinos en la necesidad de la presencia del ejecutivo municipal, principal responsable de los padecimientos descritos.
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