El sábado 20 de marzo a las 9.30, se realizó una reunión convocada por los vecinos de Playa Norte y de Bajo Judiciales, con el apoyo y la intermediación de la Asoc. Civil Manzanas Solidarias en la sede de dicha ONG, al cabo de la cual se acordó la redacción de un documento con las principales posiciones y propuestas, según se consigna en la presente.
Concurrieron más de 40 vecinos de ambos barrios; representantes del gobierno municipal: Secretario de Desarrollo Social Alejandro Boscarol, Jefes de distrito: Jorge Rico y Sr. Cejas; concejales de diferentes extracciones políticas: Jorge Henn, Luciano Leiva, Vanesa Oddi; asesor Franco Ponce de León; funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social: Laura Rolón e Inés Llanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia: Jorge Pedrazza, así como representantes de diferentes realidades y entidades barriales, productivas, culturales, educativas y religiosas de Guadalupe y zonas rurales aledañas.
El objetivo principal de la reunión era conocer el estado actual del proyecto de traslado de las 280 familias de los dos barrios mencionados, luego del dictado, el cuatro de febrero pasado, de un decreto provincial y otro municipal que autorizan al uso temporario de los terrenos ubicados en el callejón Funes y vías del FFCC. Tal situación había producido angustia e inquietud en las familias a las que se les había prometido el título de propiedad de una parcela de 10 x 20 en dichos terrenos.
El temor expresado por los vecinos es que, en caso de concretarse su traslado desde Playa Norte y del Bajo Judiciales al nuevo predio, sin la seguridad de ser propiedad definitiva, puede ocurrir que dentro de un tiempo se los presione otra vez para salir y, entonces, al no poder volver a sus anteriores viviendas quedar en la desprotección y más marginados. Por esta razón los presentes manifestaron la firme intención de no moverse de sus casas de no mediar garantías serias de títulos de propiedad sobre las parcelas y las viviendas prometidas
El Secretario de D. Social Alejandro Boscarol, explicó las intenciones y los planes de la gestión actual sobre éstos y otros barrios de la ciudad con similares problemáticas, lo que provocó que muchos vecinos expresaran su desconfianza frente a algunas de sus afirmaciones por la desprolijidad de lo actuado hasta ahora, que incluyó la denuncia a la Municipalidad por “usurpación”, presentada por uno de los dueños de los terrenos. El secretario explicó que la Municipalidad no puede expropiar. Para ello es necesario una ley provincial que sea aprobada por la Legislatura, y que mientras tanto se comenzará con la ocupación transitoria, instalando módulos habitacionales como los utilizados en el traslado de Villa corpiño, ya que un plan de viviendas es caro y la Municipalidad no cuentan con esos fondos.
Con respecto a la denuncia realizada por Matías Funes, uno de los dueños de los terrenos, A. Boscarol argumentó que no tenía por qué hacerlo ya que la Municipalidad tiene derecho a penetrar en cualquier predio para cortar los pastos. Frente a esta afirmación se le contrapuso todas las notas salidas en periódicos y TV que hablaron del traslado inmediato que se concretaría en los primeros días de febrero a esos terrenos y que además produjeron la reacción negativa de los vecinos de Esmeralda Este.
El Sr. Jorge Pedraza, manifestó que si hay decisión política de expropiar los terrenos, se debería reflejar en un acto administrativo más preciso, por parte del gobierno provincial y municipal que produzca confianza y tranquilidad a los vecinos. Ese marco jurídico además debería trascender el tiempo que dure estas gestiones.
La propuesta fue apoyada por los presentes y reafirmada por el asesor legal de los vecinos Dr. Ronchi, a lo que César Trucco, de Caritas y Coop. Setúbal, manifestó que debería desaparecer de cualquier documento la palabra “temporario”.
La profesora Nidia Kreig de la Granaja Ecológica “La Verdecita”, relató la nefasta experiencia del Barrio 29 de abril, que se constituyó con vecinos trasladados de barrios que se inundaron en el 2003 a unos terrenos previamente expropiados a la familia Verga y que sin embargo habiendo transcurrido 7 años los vecinos aún no tienen título de propiedad, ni los servicios, debido a una causa judicial que uno de los dueños interpuso. Con mayor razón, siendo que los terrenos sobre los que se está hablando ni siquiera están expropiados presagian la repetición y agravamiento de lo sucedido en el 29 de abril.
Con respecto a los módulos habitacionales que ofrece la Municipalidad, hubo descontento ya que las familias son muy numerosas y prefieren recibir ayuda en materiales, organizarse en cooperativas y construir algo más digno, que represente una mejora a la actual vivienda construida durante tantos años con mucho esfuerzo. Un vecino que trabajó en la construcción de este tipo de módulos, tuvo conceptos muy descalificatorios hacia los mismos , al igual que una señora cuyos parientes viven en uno de ellos, en la nueva ubicación de Villa Corpiño.
Las representantes del Ministerio de Desarrollo social expresaron que hay muchas experiencias en procesos de autoconstrucción que pueden ser tomadas de ejemplos.
El Concejal Leiva dijo que se deben tomar todos los recaudos para que lo prometido sea cumplido, para lo cual se hacen necesarios documentos escritos ya sea desde la provincia como desde la Municipalidad y desde el Concejo a través de leyes, decretos y ordenanzas, que involucren a todas las fuerzas políticas, que expliciten un plan sistematizado de manera que se hagan difíciles de derogar. En ellos deben quedar plasmados los compromisos que garanticen la propiedad definitiva, una habitabilidad digna en mejores condiciones que las actuales. Propone avanzar con un plan de trabajo en base a hipótesis o sea “si se dan determinadas condiciones se hace esto” y así sucesivamente continuar.
En el mismo sentido se expresó la Concejala Vanesa Oddi, reafirmando la necesidad de un proyecto claro, legítimo, que garantice viviendas dignas y servicios. Consideró necesario lograr el compromiso de los legisladores provinciales en dar apoyo al proyecto de expropiación.
El concejal Henn agregó que existen malas experiencias de personas que frente a la presión de un traslado han perdido la posesión de su vivienda y con ella el derecho y la posibilidad de negociar. Se hacen necesarias entonces, garantías a través de títulos que al principio serán provisorios para luego llegar al definitivo. Dijo también que será necesario un plan con las etapas bien definidas para lo cual solicita que desde la Municipalidad se convoque a nuevas reuniones con la participación de quienes hoy están presentes a través de sus representantes para consensuar las alternativas.
Desde Manzanas Solidarias se apoyaron todas las propuestas anteriores, agregando que un proceso de traslado requiere transparencia y etapas previas que garanticen la equidad y eviten conflictos entre los vecinos. Una de estas condiciones es un censo actualizado y otra es evitar los compromisos con punteros políticos.
Liliana Berraz, agrega que para no repetir falsos conceptos mal usados por autoridades y replicados por los medios de comunicación, debemos aclarar que el lugar donde están establecidos los dos barrios pobres no constituyen un “reservorio”, sino que son terrenos bajos que han quedado encerrados entre avenidas y terraplenes, por lo cual las aguas pluviales y de desagües de Guadalupe necesitan de una bomba para desagotar hacia el reservorio verdadero que son los humedales de la Laguna Setúbal. Agrega que el barrio de Judiciales donde se está desarrollando la reunión está edificado en el mismo predio que los dos barrios que se intenta trasladar, pero sobre un alteado previo. Por lo mismo, concluye que si se cumplieran las promesas de inclusión declaradas por los dos gobiernos, provincial y municipal lo que correspondería hacer es urbanizar los dos barrios y dejar a sus vecinos que lo habitan desde hace veinte a treinta años, alteando los terrenos, dragando arena de la laguna, trazando calles, haciendo accesibles los servicios, y construyendo viviendas a través de un sistema cooperativo.
Obdulia Vega, integrante de Manzanas Solidarias y vecina de Guadalupe central, quien desde hace varios años sufre, como muchos otros vecinos de la zona, la inundación de su casa cuando llueve, expresó su profunda preocupación por la planificación urbana que fue dada a conocer por los medios de comunicación que transformará los humedales de la zona en terrenos alteados para concretar negocios inmobiliarios. Todo lo cual, frente al cambio climático que ya está haciendo notar sus efectos, traerá graves inconvenientes en el escurrimiento de las aguas perjudicando a toda la ciudad.
Para finalizar el secretario Boscarol se comprometió a concretar en la brevedad la reunión solicitada. Reafirmó la decisión municipal de seguir adelante con el proyecto, pidiendo que cuando estén los primeros módulos habitacionales, los vecinos vayan a conocerlos. Garantizó que nadie sería llevado en contra de su voluntad y que, quien desee quedarse lo podría hacer, pero debería en ese caso enfrentar los juicios por desalojo de los dueños los terrenos. Ante esta afirmación algunos vecinos manifestaron que en los más de 20 años que están allí, nunca fueron molestados por los dueños de los terrenos para que salgan, y la vecina de Playa Norte Nidia Aranda manifestó que hace poco tiempo una de las herederas de los Funes que fue al barrio, les dijo que no se movieran de allí si no lo deseaban, que ellos no tenían problemas.
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