COMUNICADO DE PRENSA: "LA BRUTALIDAD JURÍDICA Y POLÍTICA "

Los vecinos y vecinas de los Barrios del Noreste santafesino (Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz), conjuntamente con asociaciones, instituciones y organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Barrial, volvemos a denunciar el accionar violento, arbitrario e ilegal de funcionarios municipales y agentes de las fuerzas de seguridad provincial.

El jueves 25 de agosto a las 8 am, un grupo de empleados municipales pertenecientes a las “cuadrillas”, un miembro de la GSI  y el agente policial Sub. Oficial Mario Alejandro Correa, Mat. N° 22868679,  sin ningún tipo de orden escrita de autoridad competente, se trasladaron hasta Playa Norte con un solo objetivo: destruir a mazazos los materiales que una joven madre de dos niños había procurado para realizar una construcción destinada a satisfacer las necesidades insatisfechas de vivienda de ella y su familia.

Al ser interpelados por los vecinos y sus abogados a exhibir la orden de procedimiento que los autorizara a destruir bienes ajenos, el agente Correa respondió con evasiones genéricas, sólo invocando órdenes del funcionario municipal Jorge Ricco, quien se desempeña como Director del Proyecto urbanístico Integral del NE.

Los vecinos y vecinas se opusieron a la comisión de diversos delitos que allí estaban perpetrando los funcionarios municipales, quienes, sin respaldo legal alguno, incurrieron en abuso de autoridad, intimidación, incumplimiento de deberes de funcionario público y destrucción de propiedad privada. Tras tensos minutos de disputa, los municipales, el GSI y el agente policial emprendieron la retirada, aunque para ese momento la mayoría de los materiales de la joven ya habían sido destruidos. No se le dio ninguna explicación ni, menos todavía, indemnización por los daños causados.

El martes 30 de agosto, los vecinos fueron nuevamente víctimas del mismo atropello aberrante por parte de la Municipalidad de Santa Fe. Esta vez asumió dimensiones todavía más intimidantes: los visitantes violentos fueron empleados municipales, GSI (vehículo patente NQT-456), el funcionario Nahuel López, acompañados por agentes de la Infantería y de la Policía Provincial, con vehículos patente: OUE-902, OCH-932 y otros que no tenían identificación oficial. El objetivo era destruir y convertir en escombros los pocos bloques que se habían salvado del procedimiento anterior, todo ello bajo amenazas a las vecinas de ser reprimidas con balas de goma si entorpecían la labor.

Al ser, otra vez, interpelados por los vecinos y abogados respecto de la exhibición de la orden judicial que los autorizara a proceder y dañar bienes ajenos de esta manera tan brutal y dañina, el agente de Infantería Oficial  Saravia respondió también con evasivas respecto de la orden, negándose a exhibir su identificación y  matrícula, argumentando que su función allí era solamente “proteger” a los funcionarios y empleados municipales.

Por su parte, el funcionario Nahuel López -quien alegó desempeñarse como Coordinador del Distrito Este-  intentó justificar su accionar delictivo con la exhibición de una fotocopia de un convenio celebrado en el año 2012 entre Sara Lauría (Directora de la Agencia Santa Fe Hábitat) y un particular que presuntamente vivía sobre el terreno en el cual se asentaban los bloques y materiales destruidos y por el cual se acordaba la demolición de la vivienda anterior. Recurrir a una justificación tan absurda –casi una burla– no es más que un reflejo del autoritarismo, la discriminación clasista y el accionar para-legal de los funcionarios públicos intervinientes contra los vecinos más pobres de la ciudad. Para advertirlo, basta intentar imaginar a este mismo funcionario Nahuel López  yendo a demoler a mazazos una construcción de una familia de clase media en un barrio céntrico de la ciudad, con un papel semejante por todo respaldo. Inimaginable: eso jamás sucede. La violencia la ejercen contra los más pobres, contra los más indefensos, contra aquellos a quienes el Estado debería proteger en vez de dañar.

Es difícil encontrar palabras para traducir la brutalidad jurídica y política de estos funcionarios, que mostraron ser capaces de movilizar todos los dispositivos institucionales a su alcance para destruir unos pocos bienes materiales que, no obstante, tenían un valor inconmensurable para la madre en situación de extrema vulnerabilidad económica y social, que había trabajado muy duro para poder adquirirlos y comenzar a construir con ellos una vivienda.

Por supuesto, esta no es la primera ni la segunda vez que esto pasa. Es ya incontable el número de veces que los funcionarios del Estado, actuando ilegalmente, han amenazado a los habitantes de los barrios Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz y destruido sus viviendas. Los vecinos y las organizaciones que los acompañamos hemos denunciado, incluso penalmente, muchas veces estos atropellos que, sin embargo, continúan perpetrándose.

Es importante notar que este tipo de prácticas hostiles y expulsorias -más características de un Estado de Excepción que de Derecho- constituyen una verdadera vergüenza institucional. Ello así, en tanto el gobierno municipal se comprometió a principios de este año y por intermedio de sus representantes en el Concejo (Mariano Cejas, Rosana Ingaramo y Sergio Basile a conformar una “Mesa de Trabajo” en miras a implementar el Anteproyecto de Urbanización que los vecinos y organizaciones elaboramos y presentamos en el año 2014.  Esa Mesa de Trabajo concretó hasta Junio cuatro intensivas reuniones, y desde entonces se han suspendido,  manteniendo los funcionarios  algunas comunicaciones telefónicas. 

Por eso, consideramos que el accionar que denunciamos, además de ser un aberrante atropello a la dignidad y derechos de los vecinos, es abiertamente contrario al compromiso asumido por los Concejales y funcionarios  y a los más mínimos principios de confianza y seriedad capaces de sustentar cualquier “Mesa de Trabajo”.  Los/as vecinos/as  junto a las organizaciones bregamos por su continuidad ya que es, hasta el momento, la mejor manera de coordinar esfuerzos y compromisos concretos  destinados a implementar el Anteproyecto de Urbanización oportunamente presentado.

 Por todo lo expuesto, exigimos al gobierno municipal de la Ciudad, a los Concejales, al Gobierno de la Provincia, y a todos aquellos que tengan responsabilidades institucionales en la gestión del Hábitat, el cese inmediato de este tipo de prácticas expulsorias ilegales y violentas, así como la adopción de las medidas que sean necesarias para reconocer el derecho a la tierra y a la vivienda, conforme lo hemos expresado en nuestra propuesta de urbanización.

Firmantes:

Vecinos y Vecinas de Playa Norte (teléfono: 155394564)

Manzanas Solidarias (teléfono: 154463555)

Tramas – Derecho en Movimiento (teléfono: 154863520)

Canoa – Hábitat Popular (teléfono: 15477580)