Comunicado de prensa

¿Relocalizar es erradicar? O sea ¿sacar de raíz a los pobres de una zona destinada a sectores sociales con un determinado poder adquisitivo?

En relación a la media sanción de Diputados para expropiar 12 has. (Zona de Los Quinchitos)  para efectivizar la relocalización de vecinos de Playa Norte y Bajo Judiciales, los vecinos de la zona y las organizaciones que venimos  trabajando junto a ellos (Manzanas Solidarias, Moi, Canoa y Tramas)  consideramos necesario hacer conocer a la opinión pública una serie de cuestiones que hacen a la historia de este sector de la ciudad y a su identidad, a la perspectiva presente y a la deseable justicia  e igualdad para con todos los ciudadanos. 

Un breve panorama

Los barrios conocidos como Playa Norte y Bajo Judiciales, situados al Norte del barrio residencial Guadalupe, están habitados por más de 240  familias, muchas de las cuales residen allí desde hace más de veinticinco años. 

Casas humildes de ladrillos vistos, otras de adobe, junto a rudimentarias viviendas de chapa conforman un tejido particular, en el que la naturaleza y el ritmo "pueblerino" tienen su fuerte impronta. Familias con trabajos diversos (cirujeo, jardinería,  tareas domésticas,  construcción) han levantado allí sus paredes, crecido con sus hijos y, como sucede en todos los barrios, generado un fuerte arraigo. Ellos son parte del lugar, con sus sueños, sus dificultades, su búsqueda de horizontes, su tarea cotidiana, el andar de sus carros y bicicletas, la risa o el llanto de sus niños. Establecieron vínculos con las  escuelas cercanas, con un centro de salud creado y refundado para ellos, con una parroquia y distintas ONG. En todos estos años han construido una estructura barrial que si bien no tiene la completa formalidad por no tener saneado el dominio de la tierra, cuenta con la legitimidad del Derecho de Posesión generado por esa producción social y comunitaria del lugar que habitan.

Ante sucesivas gestiones gubernamentales que los amenazaron con erradicarlos, manifestaron su voluntad de pagar por el lote que ocupaban y así poder organizar mejor su proyecto de vida. No hubo, sin embargo, una política urbana que los tuviera en cuenta y respetara sus derechos. En los últimos meses, alarmados por el inhumano proceder de la Municipalidad en el traslado de veinte familias del Bajo Judiciales a Los Quinchitos, después de tantos años de residencia pacífica, se reunieron junto a Manzanas Solidarias, el Centro de salud Setúbal, Canoa y MOI para pensar el barrio deseado, saber exactamente cuántos son,  cuándo llegaron, cómo se componen las familias. Accedieron además a información y capacitación para acogerse a la ley Pierri de Regularización dominial, ley Nacional 24.374, iniciando sus  expedientes con el  decidido apoyo de la Comisión Nacional de Tierras y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de lograr la radicación en el lugar donde residen actualmente.

Cuando se habla de ordenamiento territorial, ¿qué principios son los que se priorizan? Genera asombro leer que en forma reiterada se hace referencia a determinadas zonas como en permanente "emergencia hídrica", cuando esto no responde totalmente a la realidad, y más aún cuando en el Reglamento de Ordenamiento Urbano aprobado recientemente no se destina el sector donde hoy se ubican Playa Norte y Bajo Judiciales como reservorio, y sí lo hace como barrio residencial de las mismas características que Guadalupe Este, por lo que se infiere que es un territorio habitable. 

Cuando el gobierno  plantea la “relocalización” de estos barrios,  nos preguntamos:

- ¿Relocalizar es entonces  “erradicar”, o sea, sacar de raíz a los pobres de una zona que se pretende destinar a sectores sociales de alto poder adquisitivo? 

-  ¿Se han realizado estudios y analizado las variables sociales y urbanísticas para poder aportar responsablemente a la consolidación y mejoramiento de una comunidad cuya vivienda y devenir construyeron la historia del lugar?

- ¿Quiénes son los que debieran proteger a los sectores más débiles?

El gobierno municipal  trasladó en octubre del 2010 veinte familias a inhabitables  "quinchitos" situados a gran distancia de elementales servicios, sin preservar sus derechos al agua, a la salud, a la educación. Esto lo hizo transgrediendo incluso su propia normativa. Efectivamente, la Resolución 13.365 del Honorable Concejo Municipal establece como prerrequisitos “indispensables e ineludibles” para “el proceso de traslado, reubicación y urbanización” de las familias la construcción de “un Dispensario destinado a la atención primaria de la salud” y un “Destacamento Policial y Comedor Comunitario” (Art. 2), la provisión de servicios públicos elementales, alumbrado, barrido y limpieza, mejorado de calles, cordón cuneta y desagües pluviales, transporte urbano de pasajeros por colectivos, “y demás que se estimen convenientes y necesarios para concretar una correcta y pacífica urbanización” (Art. 3), y la garantía de que las viviendas a construir por el Municipio se encuentren en “condiciones de habitabilidad y dignidad” (Art. 5).

Valga notar también que la Ordenanza municipal 11.692, mediante la cual se solicita al gobierno provincial la sanción de una ley que declare de interés general y sujeto a expropiación al inmueble concernido, establece en su Art. 5 que “El proceso de urbanización iniciado a partir de la promulgación de la ley se realizará en un todo de acuerdo con la Resolución N° 13.365”. Hasta la fecha, nada más lejano a la realidad. De hecho, el proceso comenzó al revés, trasladando a las familias, lo que en realidad debiera ser el último paso.    

- En la perspectiva de una política social que afronte el acceso igualitario a los derechos fundamentales, y asumiendo – como la media sanción de esta ley lo exhibe – que la crisis habitacional de los sectores más marginados es una causa de interés social de suficiente peso como para habilitar el recurso a la expropiación, ¿no se debería proceder a expropiar la zona donde ya están viviendo, para así dar continuidad y mejoras al barrio existente, plasmando de ese modo los principios de inclusión  y de acceso a la vivienda digna, prioritarios a la hora de enunciados

programáticos?

FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LOS FIRMANTES:

·       Apoyamos  las expropiaciones que, conformando un banco de tierras, se destinen a los sectores sociales más humildes y con serios problemas de acceso a la vivienda, desalentando la especulación inmobiliaria.

·       Aclaramos  que,  en este caso particular, la expropiación de estos terrenos se produce luego de presiones y luchas para garantizar a las 20 familias trasladas  la seguridad de que nunca más serían movidos de sus viviendas, ya que cuando fueron llevados sólo los respaldaban dos decretos que permitían el uso de esos terrenos mientras durase la emergencia hídrica (diciembre 2009/ marzo 2010)

·       Hacemos notar que en el artículo 2 del proyecto de ley, se establece que el predio será destinado a un plan de viviendas, lo cual nos remite a dolorosas asociaciones con “módulos habitacionales” (quinchitos), que no son ni en su sentido más rudimentario una vivienda. Que en el mismo artículo se establece que la Municipalidad garantizará condiciones de accesibilidad y habitabilidad según Resolución 13.365 (servicios, gas, transporte, escuela, centro de salud, desagües pluviales, etc.)

·       Solicitamos al gobierno una política sobre el  suelo urbano que, respetando los derechos de sus habitantes, rechace y descarte los preceptos mercantilistas y de ocupación de la ciudad en forma  selectiva según la clase social, incompatibles con  las pautas programáticas de la actual gestión.

·       Proponemos, entonces, consolidar y mejorar los barrios existentes a través de varios caminos que ordenados en relación a  los derechos de lo vecinos son:

1.      Expropiar los terrenos de Playa Norte, para regularizar la situación de las familias que habitan el lugar, rellenando los lugares más bajos y mejorando condiciones de las viviendas a través de procesos participativos y de construcciones cooperativas.

2.     Apoyar  y agilizar  las gestiones de Regularización dominial en el sector donde residen todas las familias que no han sido relocalizadas.

3.     Elaborar de modo participativo un plan de viviendas en los terrenos de la traza ex-circunvalación, tierras nacionales destinadas a viviendas para quienes sufren inundaciones, con una ubicación más razonable respecto a la zona de “Los Quinchitos” con mayor cercanía física, provista de  todos los  servicios y con  acceso a las redes sociales ya construidas por los vecinos, entre ellas las laborales

·        Consideramos imprescindible

Conformar una mesa de trabajo con la participación de vecinos representantes de los tres barrios: Playa Norte, Bajo Judiciales y Los Quinchitos, organizaciones sociales, instituciones y autoridades provinciales y municipales, donde se garantice:

ü     el respeto a los derechos de los vecinos, su autonomía, su capacidad de decisión, trabajo y organización

ü     el cumplimiento de los acuerdos, leyes y resoluciones por parte de una Municipalidad que demostró hasta aquí un accionar inescrupuloso contra los vecinos, contra el Honorable Concejo municipal, contra instituciones barriales y contra sus propias normativas en relación a viviendas.

ü     Transparencia en la información pública, incorporando el origen de los fondos con los que se llevará a cabo la expropiación.

Como corolario, afirmamos que nos parece significativo generar espacios de difusión y debate en torno al concepto de ciudad que sus habitantes quieren y van construyendo en función concreta de sus necesidades sociales, que estarán inevitablemente en contraposición con la especulación y el negocio inmobiliario. Desde esta perspectiva la construcción del derecho a la ciudad debe necesariamente generar diseños institucionales con un sentido participativo, democratizador e integral.

Vecinos de Playa Norte, Bajo Judiciales y Los Quinchitos, Manzanas Solidarias, MOI, Canoa y Tramas.