jueves, 29 de enero de 2015

COMUNICADO DE PRENSA: Otra vez violacion de derechos en el NE santafesino


[Leer al final, después de las fotos, las adhesiones de diferentes organizaciones y la repercusión en los medios]

Las/os vecinos/as de los barrios del Noreste de la ciudad de Santa Fe (Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz frente al Gada), conjuntamente con organizaciones sociales, repudiamos y denunciamos nuevamente el accionar intimidatorio, amenazante y violatorio de los derechos de vecinas/os  por parte de funcionarios de la Municipalidad.
Coherentes con la práctica expulsora que la gestión municipal ha tenido en todos estos años respecto de los barrios más pobres de nuestra ciudad, sobre todo de aquellos que resisten en sus territorios, informamos que el día 27 de enero funcionarios municipales bajo las ordenes del coordinador del PUI NE Jorge Ricco, personal de la GSI, empleados municipales y personal policial se hicieron presentes en tres oportunidades en el domicilio de M.F y R.L de General Paz al 8300, con el objetivo de demoler la ampliación de  vivienda que están construyendo en el terreno familiar junto a un grupo de voluntarios, dado lo insuficiente que resulta la casa materna/familiar donde  comparten espacio con sus tres hijos menores.
Los argumentos esgrimidos para ello fueron diversos y, obviamente, ninguno de ellos cuenta con el más mínimo amparo legal. Pretender derrumbar la ampliación de una vivienda exhibiendo –a solicitud de lxs propios vecinos y vecinas- una mera orden de carácter administrativo no sólo es un atropello sino una profunda violación a los derechos más elementales que asisten a cualquier ciudadano como la inviolabilidad de su vivienda y propiedad, su derecho de defensa, entre otros.
Ante la resistencia de las vecinas defendiendo sus derechos humanos elementales, en la última de estas visitas se hicieron presentes además el Fiscal Regional Ricardo Fessia, la directora de la Agencia de Hábitat municipal Sara Lauría, el  Subdirector de R. dominial Eduardo Rudi, el director de la GSI Sebastián Montenotte y Mario Martinez, todos ellos acompañados de agentes de la Policía de la Provincia, una asistente social y una gran cantidad de empleados municipales a la espera de una orden de demolición. Cabe preguntarse qué hace el Fiscal Regional, quien debería velar por la vigencia de la ley y los derechos, legitimando con su presencia un operativo ilegal que procura desalojar a una familia sin exteriorizar orden judicial alguna.
En virtud de los irrefutables argumentos esgrimidos por las vecinas y las organizaciones en defensa de sus derechos, esta última comitiva debió también retirarse sin concretar la demolición
El Noreste, bordeando la laguna Setúbal, es un espacio de la ciudad cuya riqueza natural y paisajística atrae desde hace años intereses inmobiliarios millonarios. La actual gestión municipal, con el apoyo de algunos organismos provinciales y el silencio cómplice de otros (la presencia de la Policía y de un funcionario de alta jerarquía del Ministerio Público de la Acusación dan muestra de ello), ha decidido tutelar firmemente esos intereses empresarios, por encima de los derechos fundamentales de los vecinas y vecinos que por décadas han residido en el lugar. Ello se ha traducido en una política sistemática de exclusión y expulsión de los sectores populares.
La crónica de hechos  que denunciamos está lejos de ser un accionar  aislado. Por el contrario, se inscribe en un proceso de resistencia contra los innumerables intentos de desalojo, amenazas, procesos penales con vicios de nulidad, intimidaciones, e incluso veinticinco concretadas  demoliciones y “relocalizaciones” de vecinos a barrios con viviendas que distan de ser dignas (recordar el proceso de Los Quinchitos), que dejan sin consideración el derecho de las familias a habitar los territorios que son constitutivos de sus identidades.
En este sentido, es importante  recordar que vecinos y organizaciones presentaron al Concejo municipal el 16 de junio del 2014 un proyecto de ordenanza como iniciativa popular que contempla la participación de las/los  vecinas/os de los tres barrios en las decisiones que tengan que ver con su hábitat. Junto a la ordenanza se presentó  un Ante-Proyecto de urbanización, cuyo título sintetiza sus fundamentos: “La Lucha por el Derecho a la Radicación desde los Procesos de Producción Social del Hábitat" (Expediente CO- 0062-01094105-2)

Por todo lo dicho y dado el reincidente y grave accionar mancomunado de las fuerzas nombradas en los barrios humildes del NE (Playa Norte, Bajo Judiciales y Gral. Paz) , avasallando derechos de la más alta jerarquía, solicitamos a las autoridades políticas responsables las necesarias explicaciones que nos deben como ciudadanos a quienes deberían representar .

Al Intendente Sr. Corral
•         Cuál es el marco legal que avala intervenir con personal y máquinas municipales en terrenos privados, amenazando y destruyendo viviendas de vecinos que hace décadas habitan el lugar.
•          Cuál es el funcionario político que a sabiendas de la grave transgresión ya denunciada por el INADI en representación de organizaciones y vecinos damnificados de toda la ciudad de Santa Fe,  envía a la  GSI,  en calidad de “grupo de choque”, contra familias  y en este caso tres mujeres solas.

 Al Poder Judicial
•          Por qué se encuentra paralizada la denuncia penal realizada contra el jefe de la GSI, Sr. Montenotte, por acciones similares en Playa Norte y Bajo Judiciales , permitiendo que el mismo siga actuando con total impunidad.
  • Por qué  interviene la fiscalía penal en una situación de los derechos posesorios históricos de una familia , criminalizando lo que es un tema de protección de  derechos sociales

Al gobierno provincial
•          Por qué la fuerza policial acompaña estas acciones ilegales de la Municipalidad, cuando su función es justamente la contraria: proteger a los ciudadanos frente a hechos que vulneren sus derechos.

                     Firman: Vecinos del NE, Tramas, Canoa, Manzanas Solidarias, Moi, Voluntarismo Verde

Teléfonos de contactos
Vecinas: 155773766 - 155770287
Manzanas Solidarias: 154463555
Tramas: 155110341
Voluntarismo verde: 155025195


Jorge Ricco, fiscal Fessia, Eduardo Rudi, Sara LAuría, vecinos y organizaciones





Sebastián Montenotte


Mario Martinez







Jorge Ricco y asistente social municipal


Ricco y Rudi



Observando el "objetivo a demoler"







Montenotte, Lauría



Esperando la orden de demolición





Muchos recursos oficiales puestos 

al servicio de qué y de quiénes?




Empleados municipales aguardan la orden


      No logran avanzar frente a la resistencia de vecinos y organizaciones


                                          Retirada sin lograr su objetivo


ADHESIONES Y REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS:

COMUNICADO 
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Santa Fe, 29 de enero de 2015
   
            La L.A.D.H. hace llegar su apoyo a los/as vecinos/as de los barrios del Nordeste de la ciudad de Santa Fe, que desde hace años vienen soportando las continuas agresiones, intimidaciones y violencias de quienes deberían velar por su seguridad. Apoyar con políticas públicas a los sectores que más lo necesitan es una obligación de quienes fueron elegidos para dirigir los destinos de los/as ciudadanos/as, pero en su lugar, a diario vemos como se valen de la fuerza y amenazas para seguir favoreciendo a los grandes intereses económicos y negocios inmobiliarios, que cada vez gozan de mayor impunidad y aval en nuestra ciudad.

          No sólo deben dar explicaciones por su continuo accionar ilegitimo y violatorio de los derechos humanos más elementales sino, que deben reparar los daños y dar curso a los pedidos de los /as pobladores/as que vienen reclamando.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre


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REPUDIO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN DEFENSA DE LO PÚBLICO 

ANTE LOS INTENTOS DE DESALOJO VIOLENTO, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, DE NUESTROS VECINOS DE BARRIOS DEL NORESTE DE LA CIUDAD DE SANTA FE EL 28/01/15.

Sólo el compromiso permanente, la movilización social y comunitaria podrá hacer frente al atropello de la gestión comunal. Es recurrente esta política para con los sectores populares que habitan en terrenos que tienen enorme interés económico, paisajístico e inmobiliario para el Municipio. La novedad más alarmante es que se estaría procurando ahora en dar una apariencia de institucionalidad con la presencia funcionarios del ámbito judicial en los desalojos. Pero que, en rigor de verdad, se trataría, por lo que se pudo apreciar y así lo denuncian públicamente las organizaciones populares con presencia en esos territorios, de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación Penal, más no de funcionarios judiciales con competencia en la materia, ya sea por un conflicto jurisdiccional por tierras entre el municipio y los poseedores, o bien un desalojo judicial con amplia representación jurídica de las partes. No sería de extrañar que se justificaría esta presencia “in situ” por una eventual comisión de un delito penal. Para el imaginario social, no es otra cosa que la Justicia encarnada en esa/s personas, lo que refuerza una práctica coercitiva, desigual y desproporcionada ante nuestros vecinos de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz frente al GADA. El solo hecho de estas presencias como funcionarios del ámbito judicial, más el resto funcionarios del ejecutivo municipal de diferentes áreas reforzadas por adicionales de la Policía Provincial más el cuestionado grupo que funciona bajo la denominación Guardia de Seguridad Institucional municipal -con facultades de custodia de bienes comunales como las plazas públicas, pero ningún tipo de poder de policía, prevención y mucho menos represión sobre personas-, nos hacen pensar, en forma alarmante, más en una fuerza autoritaria de ocupación y no en un espacio de participación democrática y ciudadana para la resolución de conflictos en torno a la tierra, muy lejano a lo que se difunde desde los ámbitos de la comunicación oficial municipal. Es ésta una tradición inaugurada en el Centro Cultural “El Birri”, continuada en nuestro Parque Alberdi, en La Guardia y Alto Verde en las inundaciones del año pasado, por citar algunos casos emblemáticos. Acompañamos el derecho a la tierra de nuestros vecinos poseedores de esos barrios. Y en todo caso, reclamamos que de existir una decisión sobre esos territorios, se haga como lo estipulan el ordenamiento jurídico vigente, las mejores prácticas de convivencia democrática y con una amplísima convocatoria a la participación de la comunidad santafesina en su conjunto, ya que se trata de valores que construyen una identidad de lo público, lo colectivo, lo popular y lo comunitario



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