miércoles, 27 de octubre de 2010

Comunicado de CANOA – Hábitat Popular



Desde CANOA – Hábitat Popular queremos expresar nuestro repudio a la política de relocalización que se viene implementando desde el gobierno de la ciudad.

Hace ya mucho tiempo que se viene sosteniendo que frente a una situación de hábitat de alto riesgo la relocalización es la última operación que se debe realizar; y se lleva adelante cuando es la única alternativa que queda para modificar para mejor, las condiciones materiales y simbólicas de vida de las familias involucradas directamente. Este tipo de acciones siempre tienen un alto costo social, que se profundizan cuando se relocalizan asentamientos y/o poblaciones que, como es el caso de las familias de Bajo Judiciales, llevan años habitando y construyendo su vida en ese espacio. Es por esto que todas las organizaciones a nivel internacional plantean y exigen que las relocalizaciones deben ser producto de un trabajo integral y participativo entre los diferentes actores involucrados (familias, instituciones, organizaciones comunitarias, gobierno local) para acordar por qué, cuándo, cómo y hacia dónde realizar el traslado de las viviendas. Este proceso de concertación puede llevar tiempo y debe ser respetado.

Este tipo de acciones debe contemplar el derecho que tienen todas las ciudadanas y todos los ciudadanos a vivir en un lugar digno, lo que implica:

- el traslado a un lugar que permita la designación de un lote digno: lugar con nivel de cota no inundable; con acceso a las redes de servicios básicos de agua, transporte y luz; infraestructura vial y cercanía a la infraestructura comunitaria como son la escuela y el centro de salud y en condiciones ambientales aptas.

- el respeto por las redes de trabajo y actividades de subsistencia que llevan adelante las personas afectadas.

- la designación de una vivienda digna y no de una solución habitacional. Una vivienda digna implica considerar: la ubicación en el lote, la orientación de la misma para facilitar la ventilación y la entrada de luz, con una espacialidad y cantidad de ambientes acorde a la cantidad de integrantes de la familia y también en relación a las actividades que desarrollan, las instalaciones básicas de luz y agua y debe construirse con componentes tecnológicos apropiados al tipo y uso de la vivienda

- el respeto a los propios acuerdos consensuados entre los actores y los términos que las normas vigentes establecen. En el caso de Bajo Judiciales no se considera la ordenanza municipal que determina que un lote debe permitir el acceso a las redes de infraestructuras básicas.

Es decir, que considerando los derechos humanos de toda persona, si no se puede evitar el traslado, el Estado debe dar una respuesta que supere las condiciones socioambientales y de habitabilidad de las personas, tratando de no generar nuevos problemas de hábitat en el nuevo lugar.

Planteadas estas premisas básicas de respeto por los derechos humanos no podemos dejar de señalar que este tipo de acciones así llevadas a cabo, responden más a excluir e invisibilizar la vulnerabilidad de muchas familias santafesinas, que a materializar los derechos vulnerados como son la falta de vivienda digna, entre otros.

La premura por realizar el traslado de las familias de Bajo Judiciales pone aún más en duda la supuesta preocupación por la situación habitacional de las familias. Cuando se determina que la relocalización es la última alternativa que se maneja en situaciones de hábitat en riesgo se está hablando, precisamente, de evitar destruir los lazos sociales, comunitarios y de identidad que dan sustento a la vida de los/as habitantes de un barrio.

La homologación de ciudadano con la denominación netamente fiscal de "contribuyente" clienteliza una relación entre Estado y ciudadanos que debe construirse en base a los derechos. Si realmente preocupa las necesidades con que estas familias viven, la búsqueda de soluciones no debería darse mediante políticas que violenten aún más sus derechos.

La ciudad es una construcción social y colectiva que materializa los diferentes intereses que se juegan en un territorio. Lamentablemente en Santa Fe los intereses de privados y sectoriales hablan de relaciones de poder muy desiguales que si bien se viven cotidianamente ante estas situaciones parecieran estallar ante los ojos de toda la comunidad. El acceso inclusivo de todas y todos al DERECHO COLECTIVO DE LA CIUDAD parece así cada vez más difícil de construir.

CANOA - HABITAT POPULAR

domingo, 24 de octubre de 2010

Traslados "consensuados": son muchos los temas pendientes...



Viernes... Después de la polémica que se desató en el Concejo Municipal y frente a un proyecto de resolución del concejal Leiva de suspender este inhumano traslado, el Concejo en pleno se hizo presente en las nuevas viviendas para verificar la precariedad, las transgresiones a las normas realizadas por el mismo estado, municipal en este caso, y prometieron volver a tratar el tema. Son muchos los temas "pendientes"...

jueves, 21 de octubre de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación Civil Manzanas Solidarias solicita la urgente presencia de los Ministerios de Educación, Salud y Viviendas en el predio adonde fueron trasladadas familias del Bajo Judiciales, ubicado en callejón Funes y las vías del Ferrocarril.

Este pedido responde a:
- garantizar las escolaridad de los niños, cuya escuela quedó ahora a más de 25 cuadras;
- garantizar el servicio de agua potable en cada vivienda, ya que con sólo dos tanques cisternas llenados con camiones no se respeta el "derecho al agua", en una situación de NO emergencia;
- constatar el incumplimiento de las normas municipales y provinciales vigentes para edificar viviendas, ya que el "módulo habitacional" transgrede toda la normativa vigente, situación extremadamente grave viniendo del mismo estado que las exige. Preveer con urgencia el principal peligro potencial: incendios ;
- constatar el NO funcionamiento de sanitarios, al no tener agua en cada módulo.

Es difícil comprender cómo
- mientras desde el Ministerio de Educación se llevan adelante proyectos que garanticen la escolaridad de los Niños, la Municipalidad los aleja de la Escuela, haciendo casi imposible su asistencia;
- mientras desde el Ministerio de Salud se hacen diferentes campañas de prevención de enfermedades, se lleva a familias enteras a un lugar sin provisión normal y garantida de agua potable, sin el funcionamiento de sanitarios , en medio de feroz mosquitada y alejada de todos los centros de salud, con el agravante de la falta de transporte público;
- mientras se proclaman políticas de inclusión y se dice buscar las soluciones profundas al tema "seguridad" se erradica y excluye familias completas llevándolas a un lugar inseguro desde todo punto de vista, agravando las causas que se dicen combatir.

Traslados "consensuados", les llaman... (*)


Luis Romero ("Charango") cuando regresó a su vivienda en horas de esta mañana, la encontró demolida. No era de "chapa y cartón" como dicen los funcionarios municipales, sino de material, y él la había levantado con sus manos.
Tampoco le van a dar un "módulo" quincho, porque es menor de edad, y en este momento vivía solo en su vivienda, porque su madre está ahora en Santo Tomé. No sabe donde va a dormir esta noche.
La municipalidad usa topadoras, mazas y barretas para destruir las viviendas.

Traslado consensuado le llaman a amenazar a los vecinos que si no sacan sus cosas de adentro de su vivienda, la tirarán abajo igualmente. Y que si no se van ahora, después ya no habrá "módulos" quincho y tendrán que ir al GADA.





Otra casa de "chapa y cartón"... a medio demoler.

















En la pobreza, tratando de vivir con la mejor dignidad posible.












Su vivienda no es un palacio, pero es de ladrillos y techo de chapa. Con árboles.






"Capacidad de gestión de Barletta". Empleados municipales precarizados desmantelan viviendas precarias de otros pobres.

















Liliana Berraz, de Manzanas Solidarias interpela a funcionario municipal (Cejas)

Los funcionarios municipales dicen que están desocupando un "reservorio" pluvial.



Mentira: si logran terminar de expulsar a los habitantes del barrio, ya veremos en poco tiempo como se usa para negocios inmobiliarios.



(*) De un mail hecho circular ayer miércoles 20 de octubre por integrantes de Proyecto Sur Santa Fe, uniéndose, como tantas otras personas y organizaciones, a nuestra denuncia de los traslados compulsivos de las familias de Bajo Judiciales y solidarizándose con los vecinos del barrio.